El garrote (¿de goma?) para perseguir el cohecho

Por Freddy Seguel

Director Ejecutivo de Fundación Participa

El proyecto que recientemente ha presentado el gobierno, que aumenta las penas al delito de cohecho, tipifica el soborno entre privados, y gradúa más alto las condenas a otros delitos funcionarios, supone un paso más en el proceso de adaptación institucional  ante los hechos de corrupción que hemos vivido últimamente en la política chilena. Este proyecto impone un aumento efectivo de las penas de cárcel y multas muy por sobre los valores actuales para aquellos funcionarios públicos, políticos o personas relacionadas al interés público que cometan delitos relacionados con la probidad. Por otra parte, una de las razones que se da para justificar la presentación de este proyecto es que la OCDE nos ha pedido ponernos al día en materia de sanciones contra la corrupción pública y privada.

Podríamos decir que esta es una buena noticia, si no fuera porque las sanciones y penas contempladas en el proyecto seguirán siendo de las más bajas de la OCDE, y comparativamente mucho más bajas que en los países europeos nos llevan la delantera en este tema. Por ello, esto nos hace pensar que aun cuando se desincentiva el cohecho, esto no es suficiente para amilanar a aquellos que de manera permanente utilizan malas prácticas en el espacio público y privado.

Considerando que ningún político chileno ha cumplido efectivamente pena de cárcel por los delitos de faltas a la probidad y financiamiento ilegal de la política que hemos conocido, es que pensamos que se requiere una acción más decidida para enfrentar estos conflictos con una mayor capacitación y preparación de jueces y fiscales, unidades especializadas de análisis, y una condena pública de inhabilidad para el ejercicio de cargos para aquellos que sirviéndose de sus puestos públicos se enriquezcan personalmente.

Lo anterior, nos deja atentos a la labor que en la tramitación desarrollarán los parlamentarios, puesto que el ministro Larraín ya ha anunciado que cuenta con un alto consenso respecto de este proyecto. Esperamos que de modo alguno los diputados y senadores converjan en un texto insuficiente, incompleto o inaplicable, que deje la puerta abierta, o al menos una rendija, para que los actos de corrupción sigan ocurriendo.

Inhabilidad perpetua para participar en cargos públicos, altas multas y un registro público de condenados por faltas a la probidad, son alguno de los instrumentos que se pueden utilizar para mejorar nuestra política, aumentando la transparencia y elevando el estándar que deben cumplir quienes optan por el servicio público.

Como ciudadanos, tenemos también el deber de estar atentos, cuidar el desarrollo de nuestro sistema democrático, y exigir a nuestros representantes una acción decidida para cautelar la fe pública.

Puedes revisar la columna publicada por El Mostrador ACÁ 

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