Esa sensación de injusticia

El caso de Nabila Rifo ha conmocionado al país. La brutalidad de la agresión de la que fue víctima debe ser castigada por nuestro ordenamiento Juridico con la más alta penalidad posible. Y acorde con eso, en el juicio oral llevado a cabo en los Tribunales de Coyhaique, el imputado fue condenado por diversos delitos, teniendo como el más grave el de Femicidio frustrado, delito sancionado en el artículo 390 de nuestro Código Penal. En esta sentencia de primera instancia el agresor Mauricio Ortega fue condenado a un total de 26 años de presidio.

Sin embargo, esta semana la sala penal de la Corte Suprema desestimó el Femicidio dejándolo solo como delito de lesiones graves, lo que significa que la pena impuesta bajará a 18 años, a lo cual se descontarán los días que el imputado ha estado en prisión preventiva.

La sensación de injusticia se ha hecho notar después de la decisión de la Suprema en la opinión pública. De esta sensación es que nace la interrogante de poder acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero para ello, primero hay que establecer que Chile ratificó el Pacto de San José de Costa rica que crea la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con fecha 21 de agosto del año 1990. Segundo con esa misma fecha nuestro país le da competencia para conocer casos contenciosos a la Corte, por lo que perfectamente, Nabila Rifo, puede legalmente recurrir a la Corte en contra del Estado Chileno.

Al ser persona natural y no un Estado parte del Tratado el paso inicial es realizar la denuncia ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos para que esta realice la presentación en la Corte, el requisito para la admisibilidad es que el Estado de Chile ha incurrido en responsabilidad Internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Interamericana o en otros Tratados de Derechos Humanos aplicables al sistema Interamericano.

En este caso se puede establecer al igual que otros casos parecidos que actualmente están siendo conocidos por la Corte, donde se establece una discriminación y prejuicios de género, denegación de Justicia y errores claros de la autoridad Jurisdiccional del país en la valoración de los hechos.

En el primer caso se ha ventilado a la opinión pública, por ejemplo, la vida íntima de la víctima que pudiera afectar la valoración de los hechos, existiría además una falta de la debida diligencia de las autoridades en el orden de investigar a fondo y sancionar de acuerdo a ello, no olvidemos que esclarecer los hechos y castigarlos debidamente es parte importante del debido proceso y este es otro derecho protegido por el Tratado.

Con todo lo expuesto, una denuncia a la Comisión es claramente admisible para que así la Corte Interamericana pueda conocer el fondo de los hechos y hacer justicia con este horrendo delito.

Asimismo, es importante señalar que en el caso que la víctima no tenga abogado o recursos para litigar en esta Corte, se le asignara un Defensor Público Interamericano y puede acogerse a la ayuda del Fondo de Asistencia Legal para los gastos que irrigue el Juicio.

Por Cristián Vilches

Abogado

Vicepresidente Fundación Participa

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