Entrampada discusión sobre el proyecto de ley

La discusión del proyecto sobre elección de gobernadores regionales ha estado marcada por la controversia respecto al traspaso de atribuciones a la nueva autoridad regional, lo cual es fundamental para que se cumplan los objetivos de descentralización. En este sentido, la discusión se ha visto varias veces entrampada y lo preocupante es que los ciudadanos llevamos mucho tiempo esperando cambios importantes en materia de descentralización que permitan dar respuesta a las necesidades de cada región, que permitan fortalecer la participación ciudadana y profundizar la democracia. Pero una vez más, vemos con desesperanza que los intereses de las regiones pueden verse postergados por la falta de acuerdo político.

Sin embargo, una posibilidad de desentrampar la discusión y avanzar para que las elecciones de gobernador regional puedan realizarse en noviembre próximo, se abre con la propuesta presentada por el gobierno de la Presidenta Bachelet, en la primera sesión de la Comisión Mixta, que analiza el proyecto de ley sobre transferencia de competencias a las regiones.

El Ejecutivo ha buscado destrabar el debate perfeccionando la iniciativa original al establecer la creación de una estructura de divisiones en las regiones, las que podrán diseñar e implementar políticas públicas y crear además una unidad de control, la cual estará subordinada al consejo regional, que velará por el cumplimiento de las políticas públicas. Del mismo modo, incorpora la facultad de decidir la localización de la disposición de residuos sólidos domiciliarios si las municipalidades no se ponen de acuerdo, faculta la identificación de zonas rezagadas y fija la política regional de ciencia, tecnología e innovación.

Respecto del proceso para transferir competencias, se propone poner acento en la participación regional desde el inicio, con los recursos y personal necesarios para concretar el traspaso de las atribuciones. Sobre esta materia, aún existen críticas por realizarse las transferencias de competencias mediante decreto y no en la misma ley, como las del senador Felipe Harboe, quien ha sido uno de los principales escollos para el gobierno en este debate, ya que se ha mostrado crítico al respecto.

Si bien es cierto que aún hay mucho sobre lo que se debe avanzar y el proyecto sigue siendo perfectible, hay que valorar todo el esfuerzo puesto desde el Gobierno para avanzar en esta materia, a pesar de que sus propios parlamentarios han sido actores que han contribuido a frenar este importante avance para las regiones. Los partidos y la clase política deben entender que es fundamental despachar este proyecto para realizar las elecciones en noviembre de este año, y que se inicie de ese modo un proceso de cambio tan anhelado por las regiones.

Daniel Ibáñez, Presidente Fundación Participa.

Fuente El Mercurio de Valparaíso.

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